PAN solicita a la SCJN resolver controversias sobre situación de gobernador de Tamaulipas
Los panistas expusieron que el proceso de declaración de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas puede sentar un “precedente perverso” para iniciar la acción penal de manera indebida contra mandatarios de cualquier estado de la República.
La bancada del PAN en la Comisión Permanente solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver a la brevedad las controversias constitucionales interpuestas por el Congreso de Tamaulipas, para que se clarifique cuál es la situación jurídica de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado, es decir, si goza o no de fuero constitucional.
Los legisladores señalaron que ante los intentos de invadir el ámbito de competencia local y violar derechos de servidores públicos, es necesario que estas controversias se resuelvan lo antes posible.
En rueda de prensa, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, reconoció que en este momento hay un “limbo jurídico”.
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en ejercicio de sus atribuciones y como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resuelva a la brevedad las controversias constitucionales que han sido interpuestas respecto a la interpretación del artículo 111 y los efectos de la declaración de procedencia contra gobernadores de entidades federativas, a fin de propiciar el respeto y la debida observancia del Pacto Federal”, añadió.
El diputado panista dijo que, de acuerdo con la Constitución Política, es el Congreso de Tamaulipas el que tiene la última palabra sobre el desafuero o no de Francisco García Cabeza de Vaca.
Insistió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe aclarar la situación jurídica del gobernador de Tamaulipas. Afirmó que el mandatario tamaulipeco goza de la presunción de inocencia.
Los panistas expusieron que el proceso de declaración de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas y, la interpretación de sus consecuencias por parte de la Federación puede sentar un “precedente perverso” para iniciar la acción penal de manera indebida contra mandatarios de cualquier estado de la República.
