“No nos vamos a tentar en usarlo”, advierte Morena, mientras que la oposición reclama violación a división de poderes. Inicia debate en lo particular.
Tras tres horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que entre otras cosas, obliga a los congresos locales a acatar los desafueros que se avalen en el congreso federal.
El dictamen fue avalado por 273 votos a favor por parte de los diputados de Morena, PVEM,y PT, así como 220 sufragios en contra de los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC.
El debate inició con la intentona de cuatro mociones suspensivas por parte Ana Lilia Herrera (PRI); Jorge Triana (PAN); Miguel Ángel Torres (PRD) y Mirza Flores (MC), quienes entre otras cosas, argumentaron que el dictamen fue avalado en comisiones de la 64 legislatura por lo que al ser desconocida por los nuevos legisladores se requería más tiempo para su análisis. Todas fueron rechazadas.
Khatia Bolio, del PAN, catalogó la iniciativa de “inconstitucional”, por obligar a las cámaras locales a acatar las resoluciones del Congreso Federal, y advirtió que esa “aberración jurídica” terminará en el máximo tribunal del país.
“Con esta aberración jurídica solo estarán ocasionando que una vez más este asunto termine bajo la consideración de la Suprema Corte, para que vergonzosamente se le vuelva a corregir la plana a esta cámara de diputaos, de aprobarse esta resolución, estaremos violentando las autonomías de los congresos federativos”, adelantó.
El dictamen permitirá evitar que se repitan casos como el del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le quitaron la protección federal el 30 de abril de 2020 para que enfrentara las investigaciones en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
En aquella ocasión, la resolución fue turnada al congreso tamaulipeco, sin embargo, en lugar de ser acatada se declaró la improcedencia, y se aprobó una reforma local para otorgarle “fuero definitivo”.
La nueva ley abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos la cual establece que cualquier persona podrá presentar una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados “con pruebas documentales y elementos probatorios suficientes para sustentar la acusación”. En su lugar, el dictamen señala que “bastarán datos o indicios suficientes para sustentar la existencia de un posible delito”.
Esta disposición también fue criticada por la priísta Ana Lilia Herrera Anzaldo: “Esto vulnera principios elementales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos”.
La nueva ley también aumenta el número de integrantes de la Sección Instructora de cuatro a cinco, para evitar que existan “empates” al atender una solicitud de juicio de procedencia. Al respecto, la oposición afirmó que se trata de una “ley a modo” pues con su mayoría, Morena pretende tener el control de la Sección.
Al justificar el dictamen, Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) aseveró que era urgente abolir la Ley Federal de Responsabilidades.
“La ley vigente mantiene un intrincado y rebuscado serial de procedimientos que no tienen como finalidad la justicia, sino más bien crear posibilidades para que el funcionario corrupto, pero útil al viejo régimen, encuentre recovecos y eluda la imposición de una sanción”, advirtió.
En tanto, Aleida Alavez, también del partido guinda, sostuvo que su partido no se tentará la mano en juzgar a quienes lo merezcan.
“Si alguno de ustedes está pensando que la diputación y esta cámara serían su refugio para evadir a la justicia, o su medio para cometer fechorías, se equivocaron, no nos va a templar la mano para hacer uso el juicio político y la declaración de procedencia”, puntualizó.
La iniciativa también contempla la inhabilitación de 10 a 30 años para ejercer cualquier cargo, a los funcionarios a quienes se aplique el juicio político.
Los sujetos que pueden ser objeto de juicio político son: Presidente de la República, gobernadores, diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros del Instituto Nacional Electoral, integrantes de organismos autónomos, entre otros cargos.
El juicio político podrá aplicarse en los casos de ataque a las instituciones democráticas, violaciones a los derechos humanos, cualquier violación a la constitución y leyes que de ella emanen. Y será el Congreso de la Unión el que haga las valoraciones correspondientes.
Inician debate en lo particular
Tras su aprobación en lo general, el pleno de la Cámara de Diputados inició el debate de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Se contabilizan más de 60 reservas a 38 artículos y dos transitorios interpuestas por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Movimiento Ciudadano (MC) principalmente.
Los artículos reservados son 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 55, Primero Transitorio y Cuarto Transitorio del proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Entre los artículos más reservados destaca la solicitud para evitar que los congresos locales estén obligados a acatar los desafueros que se avalen en el Congreso Federal.
También se busca evitar la posibilidad de presentar una denuncia solo con “datos o indicios suficientes para sustentar la existencia de un posible delito”, para que en su lugar se presenten “con pruebas documentales y elementos probatorios”.
Además, se solicita revertir el incremento de los integrantes de la Sección Instructora de cuatro a cinco. Se espera que el debate se prolongue por tres horas más.
