El primer caso fue contra la entonces diputada local con licencia y candidata del PAN a la alcaldía de Matamoros.
Tamaulipas aparece en la lista negra del Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género, sin embargo es uno de los estados con menos sanciones por esta causa.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tenía hasta este jueves 5 de mayo un total de 199 personas infraccionadas.
El listado es encabezado por Oaxaca con 63 sancionados, seguido por Veracruz con 32, Tabasco 18, Baja California 14, Sonora 10, Chiapas, Chihuahua y San Luis Potosí 8, Quintana Roo 7, Campeche, Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro 5.
Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Nayarit tienen 4 infraccionados, Estado de México y Puebla 3, Morelos y Yucatán 2, Coahuila, Colima, Michoacán y Tamaulipas 1 caso cada uno. Además, hay seis estados sin registro, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala.
Quienes aparecen en la lista negra son desde regidores, síndicos, alcaldes y alcaldesas, diputados, ciudadanos, servidores públicos municipales y electorales, dirigentes partidistas y hasta periodistas, entre otros. Hay 30 mujeres también acusadas por esta causa.
En el caso de Tamaulipas se trata de Alejandro Mares Berrones y fue por «publicar notas en un medio de comunicación digital, basadas en estereotipos de género, encaminadas a invisibilizar a la víctima, anulando sus logros y sus posibles aspiraciones políticas».
La agraviada fue la entonces diputada local con licencia y candidata del PAN a la alcaldía de Matamoros, Ivett Bermea, de quien el acusado señaló “es un instrumento de su esposo para recuperar el poder político” en esa ciudad.
La inclusión en la lista negra está sustentada en el expediente TE-RAP-08/2021 del 21 de abril del año pasado, luego de que el acusado apeló la resolución del Ietam ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este confirmó la resolución.
A nivel nacional, la mayoría de las víctimas son funcionarias de algún ayuntamiento, seguidas de candidatas a algún cargo de elección popular.
