La jueza Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, Martha Magaña López, concedió la suspensión definitiva, con la que se resolvió detener la aprobación del dictamen de la reforma judicial que ya fue turnada al Senado, luego de ser resuelta en la Cámara de Diputados.
Este asunto está relacionado con el amparo tramitado por cuatro jueces federales, a quienes se les concedió la suspensión provisional el sábado 31 de agosto, en el que la jueza ordenó detener la discusión de la iniciativa por parte de los legisladores.
En la nueva resolución, y tras el desacato por parte de los diputados federales, los efectos de la nueva resolución establecen que no se discuta en el Senado ni se envíe a los congresos estatales, para su aprobación y entrada en vigor.
«En el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es, ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que será votado en la Cámara de Senadores para posterior a ello ser avalado en las legislaturas locales, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos», determinó la jueza Magaña López en su resolución.
Esta autoridad judicial otorgó el martes una segunda suspensión provisional, que se sumó a una tercera, concedida por un Juez Federal de Chiapas, también el sábado pasado, con la que se ordenó que de ser aprobado el proyecto, no puede ser enviado a los Estados para su dictaminación.
“Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse cabría la posibilidad de ser inatacable”, consideró la ministra Magaña López.
Además, la juzgadora manifestó que las autoridades involucradas, el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Gobernación, y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fueron omisas de presentar un informe previo, a pesar de que fueron debidamente notificados.
Ante el desacato de los legisladores, cabe la posibilidad de que se presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
