Controlará el Estado la seguridad privada
Ya es un hecho: todas las empresas de seguridad privadas están impedidas para contratar personal operativo que no haya aprobado los exámenes de evaluación y control de confianza que aplica el “C3”.
Lo anterior, luego de que el pasado jueves, en sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen que previamente había emitido la Diputación Permanente en favor de una iniciativa de decreto de reforma a la ley de Seguridad Privada.
De esa manera, las empresas de seguridad privada deberán comprobar que todo su personal superó los exámenes de control y confianza. Una vez que el decreto legislativo sea publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) dispondrán de 120 días para cumplir con esas obligaciones.
Además, deberán informar a la Secretaría de Seguridad Publica las altas y bajas de su personal operativo.
Con ello, el Gobierno estatal podrá ejercer un mayor control sobre las empresas del ramo.
En la exposición de motivos de la iniciativa morenista, se señala que con la reforma se busca que las instituciones de seguridad privada cuenten con personal operativo competente, confiable, alejado de la corrupción y con una visión de servicio.
De esa manera, las empresas estarán obligadas a acreditar las evaluaciones de control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, (C3), como lo hacen todos los aspirantes a ingresar a las corporaciones policiales e instituciones de procuración de justicia.
También deberán informar al mismo “C3”, dentro de los primeros cinco días de cada mes, las altas y bajas del personal operativo, así como cualquier tipo de sanción o suspensión en el servicio, con motivo de algún incumplimiento a los principios de actuación y desempeño que establece la Ley de Seguridad.
En caso de incumplimiento serán severamente sancionadas.
