La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha mostrado una creciente preocupación por las presiones del Poder Ejecutivo sobre el Consejo de la Judicatura Federal en México. A través de un informe reciente, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria subrayó las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, así como los duros recortes presupuestarios que han debilitado la independencia del sistema judicial. Estas circunstancias, según la ONU, han contribuido a perpetuar prácticas violatorias de los derechos humanos, como la detención arbitraria y el uso excesivo de la prisión preventiva.
Presiones y recortes al Poder Judicial
En el informe, la ONU resaltó que varios jueces han sido objeto de presión por parte del Ejecutivo, particularmente cuando sus fallos contravienen las políticas gubernamentales. Estas menciones públicas por parte de funcionarios del gobierno han generado un clima de tensión que, según la organización, afecta la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
La preocupación de la ONU también se extiende a los recortes presupuestarios del 20% al sistema judicial, los cuales, según el documento, «socavan la capacidad del Poder Judicial para llevar a cabo su trabajo sin temor ni favoritismo». Estos recortes han limitado los recursos necesarios para garantizar un sistema judicial que funcione de manera independiente, lo que resulta esencial para combatir la detención arbitraria, un problema generalizado en México.
Detención arbitraria: una práctica generalizada en México
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria destacó que la práctica de la detención arbitraria es aún frecuente en México. Esta problemática afecta tanto a nivel federal como estatal y está exacerbada por el uso continuo de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, prácticas que, según el organismo, violan los derechos humanos y deberían ser eliminadas de la Constitución.
La ONU hizo un llamado a las autoridades mexicanas para eliminar estas prácticas y fortalecer los mecanismos que garanticen un trato justo y conforme a la ley para las personas detenidas.
Preocupaciones sobre la militarización de la seguridad pública
Otro de los puntos que más inquieta a la ONU es la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, especialmente el carácter militar de la Guardia Nacional y su reciente integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La ONU ha sido clara en su postura: las violaciones de derechos humanos cometidas por militares deben ser juzgadas en tribunales civiles, no en tribunales militares.
Esta situación ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional, ya que la militarización de la seguridad pública en México ha sido vinculada con múltiples violaciones de derechos humanos.
Persistencia de la tortura en México
El informe de la ONU también arrojó luz sobre otra preocupación persistente: la tortura. A pesar de los esfuerzos legislativos y la creación de mecanismos de prevención, la tortura sigue siendo una práctica utilizada por fuerzas de seguridad a todos los niveles, desde lo municipal hasta lo federal. El organismo internacional llamó a eliminar el uso de pruebas obtenidas bajo tortura en procesos judiciales, calificándolo como inadmisible.
Avances en derechos humanos y justicia penal
A pesar de los señalamientos, la ONU también reconoció avances significativos en México en términos de derechos humanos. Las reformas constitucionales de 2011, que colocaron los derechos humanos en el centro de la Constitución, fueron destacadas como un paso positivo, al igual que la transición hacia un modelo acusatorio de justicia penal desde 2008.
El informe también elogió la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016 y la creación del Registro Nacional de Detenciones, iniciativas que buscan mejorar la rendición de cuentas en el sistema de justicia.
