Las instituciones democráticas, las que permitían, en teoría, la emisión libre e informada del voto ciudadano, así como las que daban seguridad jurídica y las que permitían a los ciudadanos vigilar la actuación de las autoridades han sido destruidas.
Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena son los responsables directos de ello. En su labor destructora tuvieron cómplices, a ellos hago referencia enseguida.
La culpa no es totalmente de los mencionados, la tienen también los ciudadanos que, por ignorancia o por razón de las dádivas que reciben, votaron por ellos. Esos ciudadanos, sin darse cuenta, vendieron su primogenitura por un plato de lentejas.
También son responsables de la destrucción de las instituciones públicas quienes, pudiendo ejercer su derecho a elegir, se abstuvieron de hacerlo en el pasado proceso electoral. Ellos, por flojera, apatía o desinterés, dejaron que otros eligieran por ellos.
En este rubro comparten gran parte de la responsabilidad los partidos comparsa: el del Trabajo y el Verde Ecologista; éstos, siguiendo su costumbre de ponerse a disposición de quien detenta el poder, sin importar su ideología o malos manejos, se prestaron y se prestan a ser cómplices de quienes destruyeron las instituciones democráticas. No han cambiado. Siguen siendo los mismos políticos oportunistas y sin honor que antaño sirvieron a PRI.
También son corresponsables de la destrucción los miembros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los primeros por no haber puesto un alto al abuso de poder al que AMLO, como presidente de la República, y Morena, como partido oficial, recurrieron para ganar la elección. Todo indicaba que era una elección de Estado, pese a ello, los funcionarios del INE no sancionaron los graves vicios que se observaron en la elección.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es particularmente responsable de la destrucción de la democracia. Tienen culpa algunos de los magistrados que lo integran; no todos, sólo aquellos que votaron por aprobar un proceso electoral viciado y disparejo.
Tienen una particular, pero grave responsabilidad en la autoría de nuestra tragedia política, algunos de los magistrados de ese Tribunal Electoral, por el hecho de haber aprobado la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Esos magistrados, pese a que existían argumentos fundados, tanto para rechazarla, como para aprobarla, optaron por conferir a esos facciosos e irresponsables un poder que no les confirió la ciudadanía en las urnas. Esos magistrados regalaron al partido oficial el número suficiente de legisladores para hacer y deshacer en lo relativo a las cuestiones de gobierno, incluyendo la posibilidad de reformar la Constitución Política a su antojo.
Esos magistrados, por ser juristas, sabían el alcance que tendría su resolución y, pese a ello, dieron a Morena un poder político que no había ganado.
Son esos magistrados del Tribunal Electoral los que aprobaron el proceso electoral y la sobrerrepresentación; son quienes contribuyeron a la destrucción de la democracia en México. Son ellos los que cargarán sobre su conciencia la culpa de haber conferido a un grupo irresponsable, ambicioso, corrupto y militarista el poder desmedido que ahora poseen y del que abusan para hacer y deshacer.
Son esos magistrados los que tuvieron la oportunidad de salvar a México y que, por cobardía, intereses bastardos, ambiciones personales o, tal vez, porque tienen cola que les pisen, no lo hicieron.
Esos magistrados desvergonzados deben ser señalados como coautores de un gran crimen: el asesinato, con agravantes, premeditación, alevosía y ventaja de la democracia y de las instituciones públicas.
A estas alturas, cuando están viendo la destrucción que están haciendo los morenistas, esos magistrados, que tuvieron la oportunidad de salvar a México, deben de estar cobrando conciencia del despropósito que hicieron.
Llegado el momento de que se celebren las elecciones de los ministros, magistrados y jueces, todos los sectores pensantes, con conciencia política e interesados en que los negocios públicos mejoren, debemos poner en sobre aviso a la ciudadanía respecto de esos malos funcionarios y magistrados; debemos exhibir su traición a la democracia; poner en evidencia sus ambiciones indebidas, su falta de escrúpulos y, a como dé lugar, impedir que lleguen a ocupar alguna de las posiciones políticas a las que aspiren.
En el momento en que hagan campaña para obtener el voto ciudadano debemos denunciarlos y exhibirlos como lo que son: traidores y ambiciosos.
Quienes traicionaron la democracia no deben quedar a salvo de la maledicencia pública; no podemos permitir que sean premiados con un sitial en la nueva suprema corte de justicia así, con minúsculas.
También deben ser objeto de repudio los senadores y diputados al Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, que sin leer y sólo por acatar órdenes, aprobaron las reformas al Poder Judicial. Cuando soliciten nuestro voto para reelegirse o para ocupar una posición diferente, debemos exhibirlos y negarles nuestro voto; también exigirles que rindan cuentas.
En fin, no son pocos a los que, llegado el momento, cuando soliciten nuestro voto, no sólo debemos negárselos, también debemos reclamarles en público su traición a la democracia y a las instituciones públicas.
La crisis política por la que atravesamos nos dio oportunidad de conocer a otra clase de funcionarios judiciales valientes, estudiosos y conocedores que, con entereza y autoridad, se enfrentaron al establecimiento. Nos sentimos orgullosos por ellos. Podrán caminar con la frente en alto.
Los otros, los que traicionaron nuestra confianza y que con sus resoluciones nos privaron de nuestra seguridad jurídica y de un gobierno democrático y republicano; los que, como magistrados del tribunal electoral, regalaron lo que no era suyo: la sobrerrepresentación, andarán con la frente baja.
No debemos permitir que quienes han dañado las instituciones públicas saquen provecho de su traición. Una ciudadanía, no rencorosa, pero con memoria, no puede permitir la existencia de Iscariotes, traidores y fementidos.
