Una investigación destapa que los teléfonos de hasta 50 personas del círculo cercano del presidente de México estaban en la lista del ‘software’ Pegasus, utilizado para espiar a periodistas, políticos y activistas
Andrés Manuel López Obrador, su esposa, sus hijos y hasta sus doctores fueron blanco del aparato de espionaje contratado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Así lo revela una investigación publicada por la ONG Forbidden Stories, en asociación con Amnistía Internacional y un consorcio de medios internacionales. La filtración expone que los números telefónicos de unas 50 personas cercanas al actual presidente de México fueron parte de una lista de objetivos que un grupo de clientes gubernamentales entregó a la empresa israelí NSO Group, desarrolladora de Pegasus, un software de vigilancia que se utilizó para espiar hasta 15.000 personas en México. Las víctimas potenciales incluyen a diplomáticos, políticos de todos los partidos, periodistas, activistas y líderes sindicales, bajo vigilancia entre 2016 y 2017, de acuerdo con el reportaje.
Una de las entregas se centra en el círculo cercano de López Obrador, que llegó al poder en 2018, como blanco de los ataques cibernéticos. La lista de objetivos a la que ha tenido acceso la investigación, denominada Pegasus Project, incluye a Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, y Patricio Heriberto Ortiz Fernández, el cardiólogo que operó al político tras sufrir un infarto al corazón en diciembre de 2013. “Me queda claro que [el Gobierno previo] buscó toda la información sobre la salud del presidente, a través del hospital, a través de mí; pero no tuvieron nada más que lo que se sacó públicamente”, declaró el médico a la revista Proceso. “Desafortunadamente no estoy sorprendido”, agregó. La salud de López Obrador fue tema de debate en las últimas elecciones presidenciales, entre señalamientos sobre si su estado físico le permitiría asumir el Ejecutivo.
Otras personas mencionadas en la investigación como blancos son Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de López Obrador; el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y el empresario Alfonso Romo, que fue jefe de la Oficina de la Presidencia entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020. Las víctimas del escándalo de espionaje también incluyen a Claudia Sheinbaum, la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México; Ricardo Monreal, líder en el Senado de Morena, el partido gobernante; la secretaria de Energía, Rocío Nahle; la de Educación, Delfina Gómez; el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Todos aparecen como objetivos seleccionados, pero la investigación no ha podido comprobar si, en efecto, fueron espiados a través del software de Pegasus.
Las reacciones entre los afectados distan de la sorpresa. “Yo creo que todos en el entorno del licenciado López Obrador hemos tenido la seguridad de que éramos intervenidos”, dijo Scherer. “Era una práctica persecutoria de espionaje político que usaba el antiguo régimen”, agregó Sheinbaum en reacción a la investigación. En el otro extremo político, el expresidente Felipe Calderón y la excandidata presidencial Margarita Zavala también aparecen como objetivos de Pegasus. Las agencias del Gobierno que eran clientes del software eran el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, el ente gubernamental encargado del espionaje), la Procuraduría Federal de la República (ahora Fiscalía General de la República) y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Desde abril de 2017, un grupo de periodistas denunció que sus teléfonos celulares habían sido infectados con el malware y señaló directamente al Gobierno de Peña Nieto de estar detrás del aparato de vigilancia. Al menos 26 periodistas están incluidos como potenciales víctimas en la última filtración y la mayoría de los 50.000 números incluidos en la filtración son mexicanos. A mediados de 2020, el Gobierno de López Obrador dijo que Pegasus operó entre 2014 y 2017, pero que las licencias no fueron renovadas tras el cambio de Administración. El escándalo escaló el ámbito mexicano. El año pasado la empresa de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, demandó al fabricante del programa, NSO Group, por haber penetrado su sistema para espiar a periodistas, diplomáticos y activistas en todo el mundo.
NSO emitió un comunicado este fin de semana en el que acusó a los autores del reportaje de tergiversar la información y hacer “suposiciones erróneas”. “Nos gustaría enfatizar que NSO vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de determinados Gobiernos con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas”, se lee en el boletín.
Fuente: EL País
