Prohíben ingreso a México de camarón de granja proveniente de Ecuador
Ciudad de México. Por considerar que el ingreso de camarón de granja proveniente de Ecuador constituye una práctica comercial desleal que afecta la economía de los productores mexicanos y, sobre todo, porque pone en peligro la vida de los consumidores, así como por la alta probabilidad de afectación y degradación del medio ambiente nacional, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa prohibió el ingreso del crustáceo al país.
El juez José Francisco Pérez Mier, le concedió la suspensión definitiva a la Confederación de Organizaciones Acuícolas en el estado de Sinaloa, A.C.
En el juicio de amparo 564/2023, el juzgador federal determinó que los precios del camarón que ingresa ilegalmente de Ecuador y de otros países de Centroamérica están muy por debajo del de los productores nacionales a la venta al público.
En la medida cautelar emitida, el juez Pérez Mier explicó que el contrabando del camarón causa una alteración grave en el mercado nacional, al colocar a las granjas acuícolas mexicanas en un riesgo inminente de quiebra; además de que el ingreso masivo ilegal de ese producto potencializa las probabilidades de que las granjas del país se vean contaminadas de enfermedades inexistentes, tales como el Síndrome de Taura, la Mancha Blanca, e incluso muerte temprana.
En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que los integrantes de la Confederación de Organizaciones Acuícolas de Sinaloa, promovieron el juicio de amparo con incidente de suspensión contra actos de las secretarías de Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; de la Defensa Nacional, y Marina; contra el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Guardia Nacional, por permitir ilegalmente el ingreso del crustáceo al país.
La organización destacó que los productores mexicanos generan por lo menos el 40 por ciento del camarón de granja que se produce en el territorio nacional, empleando a más de 16 mil trabajadores de manera directa y 80 mil de forma indirecta.
La Confederación exigió prevenir daños irreparables a la seguridad nacional; a la soberanía alimentaria; al medio ambiente; a la sanidad de las granjas de camarón mexicano, así como a la salud de la población.
