AMLO propone armar a funcionarios de Pemex, CFE, Banxico y SAT
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha presentado al Congreso de la Unión una propuesta que ha generado un fuerte debate nacional. En su más reciente paquete de reformas, AMLO busca modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo que permitiría que funcionarios de instituciones clave como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (Banxico) porten armas de fuego.
De acuerdo con la iniciativa, la medida tiene como objetivo fortalecer la seguridad en las áreas estratégicas del país. “En México, la seguridad de las áreas estratégicas es prioridad,” señala la exposición de motivos de la propuesta. La reforma permitiría que ciertos funcionarios porten armas bajo licencias colectivas emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reguladas por el Ejecutivo Federal.
Áreas estratégicas y seguridad pública
La iniciativa de AMLO justifica esta medida señalando que las áreas estratégicas del país, como la generación de energía y la producción de petróleo, requieren un nivel de seguridad más robusto, especialmente en tiempos de amenazas externas e internas. En este sentido, se propone que “integrantes de empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos”, como Pemex, CFE, Banxico, y el SAT, entre otros, puedan portar armas de fuego para desempeñar funciones de seguridad.
El presidente ha sido claro en que esta medida no es para todos los funcionarios, sino solo para aquellos que, “por sus funciones de carácter público, justifiquen su necesidad”. De esta forma, la Sedena tendría la facultad de emitir las licencias, y no la Secretaría de Gobernación, como se ha hecho hasta ahora.
Licencias colectivas: Un nuevo enfoque en la seguridad
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta de AMLO es la introducción de licencias colectivas para las instituciones públicas. Estas licencias permitirían a las empresas paraestatales y a los órganos autónomos armar a sus funcionarios bajo condiciones estrictamente controladas. Este cambio en la ley también busca que el registro de armas y su control sea una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Federal y de la Sedena, centralizando la regulación de armas en el país.
Además, la propuesta incluye una prohibición sobre ciertos calibres de armas, particularmente aquellos que producen un daño mayor al cuerpo humano, como las pistolas de calibre 9 mm, las .357 Magnum y las .22 Hornet. “La seguridad debe ir de la mano de regulaciones estrictas,” señala la reforma, haciendo énfasis en que la protección de las áreas estratégicas no debe comprometer la seguridad pública.
Reacciones ante la propuesta
La propuesta de armar a funcionarios de Pemex, CFE y otras instituciones ha generado una variedad de reacciones. Algunos sectores del país, particularmente aquellos que trabajan en las áreas de seguridad, ven esta medida como una herramienta para mejorar la protección de las áreas estratégicas. “El país enfrenta amenazas constantes, y debemos estar preparados para defender nuestros recursos más importantes,” comentó un experto en seguridad nacional.
Por otro lado, los críticos de la reforma temen que armar a funcionarios pueda abrir la puerta a abusos de poder o errores que pongan en peligro a la ciudadanía. Organizaciones civiles ya han levantado la voz, solicitando un análisis profundo de las posibles consecuencias de esta medida.
El papel de la Sedena en la regulación
La propuesta también refuerza el papel de la Sedena en la emisión de licencias y en el control de armas en el país. Al centralizar la emisión de permisos bajo una sola autoridad, el gobierno busca garantizar un manejo más riguroso y seguro de las armas, asegurándose de que solo quienes cumplan con todos los requisitos puedan portar armas para proteger áreas estratégicas.
Aún está por verse si el Congreso aprobará esta reforma. Sin embargo, el debate que ha generado ya es una muestra de las implicaciones de permitir que funcionarios de las principales instituciones del país porten armas de fuego.
