Revelan modus operandi de Inés Gómez Mont y su esposo
Desde noviembre de 2019 se inició la investigación.
Ayer se dio a conocer a través de la Fiscalía General de la República (FGR) el esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas utilizadas para el envío de dos mil millones de pesos , por diversos exfuncionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga.
Desde noviembre de 2019 se inició la investigación en contra de Álvarez Puga, Edgardo Mauricio «V», Gómez Mont, Mauricio «R», Margarita «C», Ricardo «P», Rosario «A» y siete empresas supuestamente involucradas en operaciones con recursos de procedencia ilícita y en la delincuencia organizada.
Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos», expuso la Fiscalía.
Para cumplir dicho objetivo, supuestamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancia lícitas que eran inexistentes”, agregó.
Álvarez Puga e Inés Gómez Mont estaban a cargo de la organización principal
De acuerdo con la Fiscalía, Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, se encontraron a cargo de la organización principal, quienes trabajaron con supuestos representantes de empresas.
«Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor «Z», Armando «R», José «O», Ricardo «C», Yareli «C», quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
«El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo «G», Paulo «U», Emanuel «C», Jesús «P» y Jorge «N», señaló la FGR.
La Fiscalía indicó que cada grupo se coordinaba con los otros para realizar los delitos que se persiguen.
Como parte de estos ilícitos, una de las empresas investigadas, representada por Héctor «Z», recibió más de dos mil 500 millones de pesos.
Mientras que la indagatoria señala como contratos irregulares centrales dos con los Centros Federales de Readaptación Social por dos mil 950 millones de pesos.
Uno de los implicados en la investigación, Gabriel «M», quien figuraba como accionista de una de las empresas, vendió sus acciones antes del inicio de las operaciones delictivas.
A pesar de ello, la FGR indicó que el caso de esa empresa se seguirá investigando.
La Fiscalía también dio a conocer que tres de los implicados ya se encuentran recluidos en centros federales, pero no precisó de quién se trata, mientras que para quienes huyeron de México fueron emitidas fichas rojas, incluyendo a Gómez Mont y su marido, lo que surgió desde octubre del año pasado.
